CTXT, 20 de noviembre de 2019
Bolivia posee 21 millones de toneladas métricas de litio, estratégico para la transición energética, lo que supone casi el 70% de las reservas mundiales. La minería es el tercer sector productivo del país latinoamericano y, por ello, esencial en el ámbito económico, pero también de gran presión en el político. El gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha enfrentado en múltiples ocasiones a esta realidad a lo largo de su mandato. Si bien las políticas extractivistas —a las que las economías periféricas a menudo se ven forzadas para poder crecer— condicionan la diversificación de la economía productiva nacional, la apuesta del ejecutivo de Morales por que el sector minero contribuyera a sus políticas sociales ha sido clave para que la pobreza se contrajera del 60,6% al 34,6% durante su mandato, con una reducción en la pobreza extrema del 38,2% al 15,2%, entre otros logros inapelables. Esta posición ha conducido, sin embargo, a Bolivia a una relación conflictiva con las multinacionales mineras. La suspensión de contratos heredados y los esfuerzos para controlar un sector clave, han llevado al país ante tribunales de arbitraje internacionales en diversas ocasiones; enfrentamientos en los que el gobierno canadiense ha adoptado un papel especialmente beligerante, al ejercer prácticamente de portavoz de las multinacionales de este país, que concentran alrededor del 60% del negocio a nivel mundial.
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